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Pero tuvo que ir a Panamá porque en Costa Rica es prohibido, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó que eliminara esa restricción, de lo contrario podría enfrentar un juicio en el sistema regtional. El plazo vence el 31 de mayo.
"Intentamos de todo, me operaron en dos ocasiones por laparoscopía para eliminar la obstrucción en las trompas (de falopio) pero al final la doctora nos dijo que no había funcionado y que debíamos analizar otras opciones", relató Rodríguez a la AP. En consulta con especialistas, se decidieron por la opción de la fecundación in vitro.
Ajenos por el momento al debate sobre el plazo de la CIDH, Rodríguez y su esposo Johnny Castro se preparan para ser padres. Si todo sale bien, a fines de septiembre en una sala que está reservada desde ahora en una clínica privada, dos niños y una niña verán la luz por primera vez. "Nacerán el mismo día de mi cumpleaños", dijo Castro emocionado.
La técnica fue introducida al país en 1996 por el médico de la pareja, Gerardo Escalante, quien trajo al mundo a 15 bebés de esa manera hasta que fue prohibida en el 2000 por la Corte Constitucional. "Eso generó una discriminación social hacia la gente que no tiene el dinero para ir al extranjero", expresó el galeno.
Mientras Escalante hablaba con AP, en la pequeña sala de ultrasonidos Castro y Rodríguez, ambos de 33 años, esperaban con nervios y ansiedad a conocer el sexo de sus trillizos, fecundados in vitro en Panamá en enero pasado, una experiencia que compartieron desde lejos con amigos y familiares a través de la red social Facebook.
"Llegamos un domingo en enero y sabíamos que serían unos 10 días porque es un proceso largo. Se fecundaron 13 óvulos maduros que presentó Mildred y luego nos dijeron que había tres muy buenos y en esa misma semana fueron implantados", relató Castro. Ahora su esposa tiene más de cuatro meses de embarazo.
El éxito en el tratamiento de Castro y Rodríguez no impera entre todas las parejas con dificultades para engendrar.
Costa Rica es "el único país que tiene prohibido el in vitro en América", recordó el ginecólogo especialista en medicina reproductiva Ariel Pérez, del Centro Fecundar, uno de los pocos centros en el país que ofrecen la técnica.
La prohibición los obligó a abrir dos clínicas, una en San José y otra en Panamá, donde se realiza el procedimiento. En los ocho años de funcionar, hasta diciembre del 2010 habían nacido en Panamá 1.077 bebés ticos por fertilización in vitro.
El abogado Gerardo Trejos representó a nueve parejas que en el 2001 demandaron al país ante la CIDH por la imposibilidad de recurrir a ese método de fecundación. En los 10 años que lleva la demanda, otras parejas se sumaron a la queja y actualmente son más de 40.
Apenas en agosto de 2010 la CIDH emitió un informe donde le solicitó al estado costarricense eliminar la prohibición. Como respuesta el gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley que se mantiene estancando a pesar del plazo que vence el 31 de mayo.
"Esto es escandaloso... las mujeres han sufrido daños irreparables porque han perdido su capacidad para procrear. Hemos pedido medidas cautelares para que no aplique la prohibición mientras se ve el caso, pero la Comisión no las acogió y estamos reiterando ese pedido", dijo Trejos.
Ese sufrimiento lo entienden bien Castro y Rodríguez, quienes con sacrificio pero mucha esperanza, invirtieron unos 12.000 dólares en el proceso para lograr el embarazo.
"En Panamá nos dijeron que solo había un 1% de probabilidad de que los tres pegaran", contó Castro, mientras Rodríguez manifestó sentir "mucha alegría por haberlo logrado pues hay tanta gente que pierde sus embarazos de manera temprana o tantas otras mujeres que no tienen ni la posibilidad de hacerse el tratamiento".
Con el tiempo encima, la semana pasada el gobierno volvió a solicitar una prórroga, pero se desconoce si la Comisión aceptará el pedido o elevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos , que tiene su sede en Costa Rica. La Comisión además tiene la opción de solamente emitir un informe y dar seguimiento al caso.
La directora de prensa de la Comisión, María Isabel Rivero, explicó que "es imposible adelantar cuál será la decisión que adopte la Comisión --que es un organismo colegiado de siete comisionados-- si al vencerse un plazo un Estado solicita una prórroga".
La presidenta Laura Chinchilla se defendió el martes al asegurar que "hicimos el trabajo, presentamos un proyecto (para modificar la ley), insistimos ante los diputados y está propuesto como un tema prioritario, pero ahora les toca a ellos evitar que Costa Rica enfrente un caso ante la Corte".
Muchos congresistas admiten que no se cumplirá a tiempo.
La legisladora Eugenia Benavides, del partido de oposición Acción Ciudadana, afirmó que "lo más aconsejable es que al país le vengan indicaciones de afuera. Da mucha pena... pero para tener una ley fresca y ajustada a los requisitos que se piden en materia de derechos humanos tendrá que ser así, porque hay grupos que están obstaculizando".
Señaló un eventual fallo de la CorteInteramericana sería de acatamiento obligatorio para el país.
Entre los opositores más férreos destacan grupos religiosos. La Iglesia Católica expresó públicamente su rechazo al proyecto y el legislador cristiano Carlos Avendaño afirmó a la AP: "Estamos ante un negocio, no ante un asunto de sensibilidad social ante las parejas que no pueden tener hijos".
Pero hay que observar las reglas: