
INDIANAPOLIS .- Organizaciones defensoras de los derechos civiles afirmaron que una nueva ley en Indiana, la cual entrará en efecto el 1 de julio, da a la policía poderes amplios para detener a inmigrantes que no han cometido delito alguno. En tanto, el Departamento de Justicia estatal señaló que esos temores resultan exagerados y se basan en un mal entendimiento de la ley.
La jueza federal de distrito Jane Magnus-Stinson tiene previsto escuchar el lunes los argumentos de ambas partes, mientras analiza una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Indiana, así como por el National Immigration Law Center, que buscan una orden preliminar para impedir que la ley entre en efecto el mes próximo.
Las organizaciones no están rechazando todas las provisiones de la ley amplia, que despojará también de ciertas deducciones fiscales a los patrones que contraten a indocumentados. El principal punto de controversia es el poder de las autoridades para realizar arrestos.
La nueva ley permite que la policía detenga a inmigrantes bajo ciertas condiciones, como si enfrentan una orden de expulsión emitida por un tribunal de inmigración. Sin embargo, la demanda presentada el mes pasado señala que algunas de las condiciones son demasiado amplias, pueden aplicarse a discreción a miles de inmigrantes y violan el requisito constitucional de una causa probable.
Por ejemplo, las organizaciones de derechos civiles señalan que la redacción de la ley permitiría la detención de cualquiera a quien se ha emitido una notificación de las autoridades migratorias, un trámite que afecta prácticamente a toda persona que solicita estar en Estados Unidos por cualquier motivo.
"El estatuto autoriza a la policía de Indiana para arrestar a personas pese al hecho de que no exista causa probable de que esas personas hayan cometido delitos", señalaron los grupos en un informe presentado este mes.
La ley de Indiana prohibirá además que los inmigrantes presenten cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad en cualquier oficina del estado que sea ajena a la representación diplomática, como para comprar licor o abrir una cuenta bancaria.











Pero hay que observar las reglas: