Los Angeles: Piden alto a programa Comunidades Seguras

LOS ANGELES, California.- Blanca Pérez, Isaura García y Adán Espinoza representan el rostro humano de la implementación del programa Comunidades Seguras (conocido más como S-Comm) en distintos puntos del país. Los tres comparten el haber caído en manos de agentes locales de policía.

Junto con organizaciones defensoras de los inmigrantes pidieron a la administración de Barack Obama que elimine el S-Comm, y la renuncia de los 22 miembros del Grupo de Asesores de Trabajo sobre Comunidades Seguras del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

"El problema de inmigración en el país tiene cara de latino; yo voy a dar la cara por los que no tienen voz cuando veo todas las estupideces del programa", aseguró Arturo Venegas Jr., ex jefe retirado del Departamento de Policía de Sacramento e integrante del grupo de asesores. "Es fácil que me digan que renuncie, pero yo también soy un inmigrante; soy nacido en Jalisco, soy veterano de la Guerra de Vietnam, y los de Jalisco no se rajan".

Después de los mitines en Dallas y Los Ángeles, los asesores del DHS se reunirán con líderes comunitarios y presuntas víctimas de S-Comm en Chicago, y Arlington, Virginia. Al finalizar las audiencias, presentarán sus recomendaciones a la Administración Obama.

Según el gobierno, el programa consiste en utilizar los "limitados recursos" en materia migratoria para abocarse a la búsqueda, detención, aprisionamiento y deportación de los elementos criminales exclusivamente. Sin embargo, las protestas se suscitan debido a que junto con el arresto de delincuentes, los agentes se llevan consigo a todo quien encuentran y que carece de papeles, aunque no tengan prontuario, resultando ello en la deportación masiva y separación tramuática de miles de familias.

En la práctica se refiere a cualquier persona que sea fichada bajo custodia de la policía, incluyendo a víctimas de delitos, para ser transferidos a las autoridades de inmigración.

"Nuestro mensaje es de total repudio a S-Comm", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA). "Comunidades Seguras es un fiasco y debe acabar inmediatamente".

A través del programa ahora mandatorio Comunidades Seguras, tan solo en California más de 47,000 personas han sido deportadas, aseguraron defensores de los inmigrantes, de organizaciones de fe y de derechos civiles y humanos. Su opinión no es compartida por las autoridades: "Tenemos mucho que hacer", dijo Gary Mead, director de Operaciones de Ejecución y Remoción del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) a AOL Latino, al término de una acalorada sesión de trabajo del panel, en St. Anne's Residential Facility de Los Ángeles. "Pero el programa no se acaba".

El programa S-Comm está activado en 1,508 jurisdicciones en 44 estados –en áreas donde residen tres cuartas partes de todos los inmigrantes-, e ICE planea integrar 488 jurisdicciones más a finales de 2011, y una expansión total en 2013.

La sesión estuvo a punto de ser abruptamente terminada por la presencia del guatemalteco Julio Girón, declarado seguidor de los Minuteman, quien estuvo a punto de liarse a golpes con un partidario del cese de S-Comm.

"¿Dónde están los empleadores blancos que contratan y esconden a los ilegales?", cuestionó el Minuteman latino, "Estoy cansado de la hipocresía de la Administración Obama; solo los legisladores republicanos como [el congresista] Lamar Smith está luchando para que el sistema E-Verify se implemente en todo el país".

Girón fue increpado por Irma Maceira y Tony Arteaga quienes le reclamaron: ¿Ya no te acuerdas que cuando hace siete años no tenías donde vivir, se te dio hospedaje, ropa y alimentación gratuita por tres meses en el albergue de la Misión Dolores?

Previo a la reunión vespertina, frente al emblemático mural de Virgen de Guadalupe, en la Placita Olvera, los manifestantes dijeron que el programa ha sido implementado desde 2008 "bajo una identidad falsa y se ha aplicado con la intención de engañar al público estadounidense".

Específicamente S-Comm requiere que los departamentos locales de policía compartan huellas digitales de arrestados con las autoridades migratorias.

"No podemos crear una cultura del miedo en Estados Unidos", dijo Katia Hansen, administradora de programas en Unitarian Universalist Refugee and Immigrant Services and Education Inc., de Vista, California. "Las víctimas de violencia domestica a quienes ayudamos en nuestra organización jamás querrán reportar un delito a la policía por el miedo de ser deportadas".

Mead dijo a AOL Latino que la entidad tiene contemplado deportar este año a 400 mil personas.

"Nos vamos a enfocar más en los criminales", dijo. "No se trata de una cuota [de deportaciones], sino que, con los recursos que tenemos, vamos a ir detrás de los verdaderos criminales y de fugitivos de ICE".

El funcionario precisó que en el año fiscal 2010 fueron removidos del país 390,000 personas, de los cuales 195,000 eran criminales (51%). En 2009 se deportó a 360,000. De ellos, 160,000 - el 44% - eran criminales.

Para Héctor Villagra, director ejecutivo de la Unión Americana por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU/SC), el programa S-Comm es una amenaza a la seguridad pública, socava las libertades civiles y conduce a la deportación de personas con delitos menores y con ausencia de condenas penales.

"El programa, fatalmente defectuoso, debe desaparecer; eviscera la confianza entre la policía local y las comunidades de inmigrantes", indicó Villagra, director ejecutivo de la ACLU/SC. "El gobierno federal no tiene por qué armar a los estados y municipios para que acepten un programa que socava la seguridad pública y fomenta la discriminación racial".

También se manifestaron voces tranquilizadoras hacia las inquietudes de los inmigrantes y sus defensores. José Pérez Jr., un comandante en el Departamento de Policía de Los Ángeles, aseguró a AOL Latino que la Orden Especial 40, que prohíbe desde 1979 a los agentes del LAPD efectuar tareas federales de inmigración no cambiará. "Nada va a cambiar; la comunidad puede dormir en paz", dijo. "Nosotros tenemos demasiado trabajo como para hacer otro que no nos corresponde".

UNA COMUNIDAD 'ATEMORIZADA'

Blanca, madre de tres hijos fue detenida, esposada y sujeta a un proceso de deportación por vender helados afuera de una escuela, en la ciudad de Van Nuys. Su delito: no tener permiso para ofrecer la mercancía en público. Fue separada de su bebé de nueve meses. Por 10 semanas fue recluida en un centro de detención del condado de Los Ángeles; de ahí la transportaron a Lynwood, luego a la cárcel de Santa Ana, y finalmente a Los Ángeles.

Tras ser puesta en libertad, a la vendedora de helados le fue colocado un grillete electrónico en el tobillo. Un juez le concedió un año de libertad condicional.

"Dentro de la cárcel yo me sentía morir cuando me separaron de mi hijo, y hasta llegué a pensar en matarme", dijo Blanca. "Este programa de Comunidades Seguras está provocando mucho terror".

En febrero de este año, Isaura, de 20 años de edad sostuvo una discusión con su novio Ricardo que quería llevarse sin su consentimiento a su hijo para México: su delito, haber llamado a la policía y no hablar perfectamente el inglés. El novio la empujó e Isaura le causó un rasguño. Ella se armó de valor, pidió auxilio y marcó al servicio de emergencia 911. Cuando los policías observaron el rasguño, le quitaron las esposas a él, y se las colocaron a ella.

Isaura fue detenida y una semana después fue puesta en libertad sin recibir cargos criminales de felonía, pero con un grillete electrónico en el tobillo que llevó por un mes. Ahora encara un proceso de deportación.

"Sin justificación, pasé siete días en la cárcel; de haber sabido que la policía me iba a tratar así, nunca les hubiera llamado", dijo García a AOL Latino. "En vez de ayudarme, me pusieron en proceso de deportación". Isaura tuvo que portar un grillete en su pie durante un mes.

"En aquellos momentos, los policías decidieron de inmediato que yo era culpable; decían que yo le estaba tendiendo una trampa a mi novio, pero nunca quisieron ver los moretones que yo tenía en todo mi cuerpo", recordó. "Si hubiera sabido de este programa [Comunidades Seguras] de colaboración entre la policía y migración ¡nunca hubiera pedido ayuda!"

El delito de Adán fue vender helado en las calles de Huntington Park. La policía local lo detuvo y lo colocaron en espera de que arribaran las autoridades de inmigración para deportarlo.

Fue llevado a las oficinas de ICE, en Los Ángeles, donde los oficiales le pidieron que firmara su salida voluntaria de Estados Unidos.

"Me gritaron e intentaron intimidarme, pero no firmé ningún documento", dijo Adán. "Yo no le hice daño a nadie. No soy un criminal".

Tras su encuentro con los agentes de policía de la ciudad de Huntington Park, Espinoza enfrenta un proceso de deportación.

"Obama, ¿Dónde están tus promesas?", recriminó el inmigrante. "Quita este monstruo [Comunidades Seguras] y devuelve el favor que los latinos te hicieron para que llegaras a ser presidente".

ESTADÍSTICAS EN CALIFORNIA

En abril de 2009, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) firmaron el primer acuerdo con California para implementar S-Comm.

En el condado de Los Ángeles, desde agosto de 2009, un total de 3,891 inmigrantes que no eran criminales fueron deportados a través del programa Comunidades Seguras, respaldado por el sheriff Lee Baca y el miembro de la junta de supervisores del condado Michael Antonovich.

"La inmigración legal es un beneficio positivo económico y cultural para nuestra nación, ha asegurado Antonovich. Pero "la inmigración ilegal es una afrenta para los que legalmente inmigran a Estados Unidos; es un delito que no debe ser recompensado".

A nivel nacional, desde octubre de 2008, un total de 38,068 inmigrantes sin antecedentes penales han sido deportados bajo el programa S-Comm, constituyendo el 59% de los 70,000 deportados.

Los estados de Nueva York, Massachusetts e Illinois decidieron no participar de ninguna forma en el programa S-Comm, así como las jurisdicciones de San Francisco, Boston, y Arlington, Virginia. No obstante, este mes la implementación de Comunidades Seguras fue convertida en obligatoria en 39 estados.

"No hay nada seguro en este programa de comunidades inseguras", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Abogados de Inmigración (National Immigration Lawyers Center/NILC) de Los Ángeles, a AOL Latino. "La solución es muy fácil, la Administración Obama debe acabar ese programa hoy mismo".