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"Si existe un retraso al pronunciamiento (de la justicia marcial), debe ser la Asamblea Legislativa que podrá hacer uso de los recursos legales que corresponde para verificar el cumplimiento de la resolución cameral", indicó el martes la ministra Cecilia Chacón, según la agencia de noticias gubernamental ABI.
La justicia militar reclama la jurisdicción del caso y hasta el martes no se había pronunciado respecto a la resolución del Senado, que en julio conminó a ese fuero de abstenerse de conocer la causa por la cual están procesados tres oficiales.
El subteniente Gover Poma murió dos días después de sufrir graves lesiones en un "combate cuerpo a cuerpo" que libró con sus camaradas cuando realizaba un curso de adiestramiento militar poco después de graduarse como oficial del ejército.
Desde entonces sus padres reclaman que el caso sea juzgado en los tribunales civiles y apelaron a los legisladores en busca de apoyo.
En su resolución los legisladores mencionaron un fallo del 2004 del Tribunal Constitucional que indica que "la competencia de los tribunales (militares) debe estar restringida al ámbito estrictamente militar y concretamente a los deberes propios de la función militar".
La ministra de Defensa se pronunció hace unos días a favor de que el caso salga de la jurisdicción militar.
El informe público de una investigación del Defensor del Pueblo señaló que Poma recibió una golpiza propinada por al menos siete instructores en la Escuela de Cóndores situada en el sur del país a donde acuden a completar su formación los oficiales del ejército recién egresados.
Por el caso están acusados tres subtenientes.
La Constitución establece que "la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley".
Pero hay que observar las reglas: