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WASHINGTON.- Grupos proinmigrantes pidieron este lunes a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ratificar la inconstitucionalidad de la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona, al señalar que es facultad del gobierno federal la política de migración.
"Esperamos que la Suprema Corte use esta oportunidad para poner frenos a otras leyes estatales que están en conflicto con nuestra Constitución y los valores estadunidenses", dijo el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani.
Señaló que ese tipo de leyes, que también se han impulsado en Utah, Georgia y Carolina del Sur, "hacen menos seguras a nuestras comunidades, son costosas para los contribuyentes y no resuelven nuestros desafíos de inmigración".
"Estas leyes interrumpen las iniciativas comunitarias de la policía y abruman a los departamentos policiales locales con responsabilidades que pertenecen al gobierno federal", cuando su función es proteger a las comunidades en lugar de "exigir papeles", enfatizó.
La Suprema Corte anunció este lunes que analizará cláusulas de la ley bloqueadas por una corte federal de apelaciones.
La resolución suspende la facultad policial de preguntar la situación migratoria de un detenido si se sospecha que es indocumentado, la penalización de la presencia de indocumentados en el país, o la prohibición de que éstos busquen empleo o trabajen sin autorización.
La presidenta del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía, señaló que la Suprema Corte debe rechazar "de una vez por todas" la SB 1070 y "poner fin a estos complicados e imprudentes parches a las políticas de inmigración que están echando raíz en todo el país".
"La única solución lógica a este problema es una reforma migratoria integral aprobada a nivel federal. El Congreso ha optado varias veces por no actuar, originando que las legislaturas estatales traten de abordar este asunto por cuenta propia", señaló.
El presidente de la central sindical AFL-CIO, Richard Trumka, dijo que las leyes antiinmigrantes de Arizona y otros estados "son resultado de la inacción de los legisladores en Washington".
"Desafortunadamente, este tipo de leyes, en vez de ser una solución, crean más problemas. No sólo incitan a la discriminación racial, sino también significan un revés a la lucha por la igualdad social y los derechos civiles", indicó.
El estado de Arizona pidió al alto tribunal que acepte el caso al citar el impacto del "disfuncional" sistema de inmigración y su interés de cooperar con las autoridades federales para frenar la inmigración indocumentada.
Corte Suprema analizará ley Arizona SB1070.
(Con información de la Agencia AP)
Los magistrados dijeron que revisarán el fallo de una corte federal de apelaciones que bloqueó varias disposiciones estrictas de la ley de Arizona. Una de ellas ordena que la Policía estatal, mientras cumple con otras leyes, interrogue a las personas sobre su estado migratorio si se sospecha que están en el país ilegalmente.
El gobierno de Barack Obama, a través del Departamento de Justicia, afirma que la regulación de la inmigración es trabajo del gobierno federal y no de los estados, pero Arizona afirma que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar a la inmigración ilegal y que los estados fronterizos sufren las consecuencias de forma desproporcionada.
Leyes similares que fueron aprobadas en Alabama, Carolina del Sur y Utah también enfrentan demandas judiciales entabladas por el gobierno de Obama. Adicionalmente, organizaciones particulares han presentado demandas contra medidas de inmigración adoptadas por los gobiernos de Georgia e Indiana.
La inmigración es uno de los temas destacados en la lucha por la nominación presidencial republicana y es probable que continúe siendo un asunto clave hasta las elecciones de noviembre, cuando Obama busca un segundo mandato.
En sus primeros dos años, el gobierno de Obama fracasó en sus esfuerzos por cambiar la ley de inmigración, mientras los republicanos dejaron en claro que rechazarían lo que ven como intentos por darle amnistía a quienes viven ilegalmente en el país.
Con el anuncio del lunes, la Corte Suprema salta a la palestra mientras el gobierno de Obama libra una furiosa lucha legal en contra de un mosaico de leyes estatales enfocadas en combatir a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
En su solicitud a la Corte Suprema para que revise el caso de inmigración, Arizona destaca la opinión del gobierno de que los estados "no tienen poder para usar sus propios recursos a fin de cumplir con los estándares federales de inmigración sin la expresa aprobación del ejecutivo, afecta la base de nuestro sistema de nación con soberanía doble y federalismo cooperativo".
Muchos estados y gobiernos locales han tomado medidas con el objeto de contrarrestar los efectos de la inmigración ilegal, agrega el estado.
El gobierno federal alega que esos desafíos legales que se procesan a través del sistema judicial son una razón para esperar y ver cómo actúan otras cortes. Por lo cual, recomienda que no se debe tomar el caso ahora.
Pero hay que observar las reglas: