
Los candidatos republicanos han dicho barbaridades, pero ninguna parece tan peligrosa como la declaración de Newt Gingrich que de llegar a la Casa Blanca ignoraría alguna de las decisiones de la Corte Suprema que entren en conflicto con sus propuestas.
En caso de que el ex presidente de la Cámara de Representantes no se haya dado cuenta, su proposición es equivalente a tirarle un cañonazo mortal a la Constitución Nacional que establece un sistema de división de poderes en el que cada rama de gobierno, como lo indican los primeros tres artículos, debe cumplir una función específica.
Como todo estudiante de derecho constitucional aprende en la clase más elemental, la rama judicial, siguiendo las ideas del filósofo francés Montesquieu, es la que revisa y dictamina la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso. O sea que tiene la última palabra en materia de legislación.
El presidente, contrario a lo que descabelladamente propone Gingrich, no puede ignorar legislación que ha sido aprobada por el Congreso y convalidada por las cortes. Al menos, por supuesto, que como ocurre en las republiquetas bananeras, se transforme en dictador e imponga su agenda política al margen de lo que piensen las otras instituciones del estado.
Newt Gingrich no es el primero en tratar de neutralizar la función institucional clave de las cortes judiciales en la democracia estadounidense. Uno de los más ilustres presidentes de nuestra historia, Franklin Delano Roosevelt, intentó relativizar el poder de la Corte Suprema de Justicia proponiendo, en 1937, que se aumentase el número de jueces en la máxima corte judicial de la nación.
Lo que ocurría en ese difícil momento de nuestra historia es que Roosevelt se sentía impotente ante una corte que en más de una ocasión había dictaminado en contra de programas sociales y económicos de su New Deal. Agregando seis jueces con simpatías por sus políticas de intervencionismo estatal, le asegurarían la aprobación necesaria para implementar estos programas que, en última instancia, buscaban sacar al país de la Gran Depresión Económica.
La opinión pública y hasta miembros de su mismo partido se opusieron a la propuesta de FDR porque claramente entendieron el peligro de limitar el poder de una institución del estado por necesidades políticas contextuales. Al final el proyecto de ley nunca fue aprobado y Roosevelt nunca más intentó algo similar.
Evidentemente el profesor Newt Gingrich no leyó muy bien esta parte de nuestra historia porque parece inclinado a cometer el mismo error. O aún peor, en vez de controlar la Corte Suprema, directamente quiere anular su poder ignorando sus dictámenes, promoviendo juicios políticos contra jueces y clausurando cortes que se opongan a su visión política.
Pero para los que conocemos a Newt, esto ya no nos sorprende. Después de todo, estamos hablando de un líder republicano que entre sus logros se destaca el irresponsable cierre del gobierno federal en 1995, haber mantenido un ´affair´ mientras hipócritamente apoyaba el juicio político contra el presidente Bill Clinton en aquellos tiempos de Mónica Lewinsky, andar gastando medio millón de dólares en tiendas como Tiffany, cobrar $1.6 millón por aconsejar a Fannie Mae y Freddie Mac que, para muchos de sus colegas republicanos, comparten responsabilidad en haber contribuido al debacle del sector de bienes raíces y a la Gran Recesión Económica de los últimos años.
En la última encuesta nacional de Gallup, Newt Gingrich lidera entre los candidatos republicanos con 28% de los votos. De finalmente imponerse, algo que dudo, el partido republicano tendrá un candidato que está en récord apoyando la quasi destrucción del poder judicial y, por lo tanto, la imposición de un sistema autoritario que nada tiene que ver con nuestra democracia.
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Néstor Fantini, Ph.D. (ABD), es un educador y periodista argentino de Los Angeles. Actualmente es miembro electo del Northridge East Neighborhood Council, City of Los Angeles, y editor de la revista literaria La Luciérnaga Online (la-luciernaga.com).











Pero hay que observar las reglas: