Cuba: Ciudadanos de primera y de segunda (OPINION)

La Conferencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) a efectuarse a fines de este mes en La Habana, con la cual ya la población no debe hacerse muchas "ilusiones", como aclaró Raúl Castro, en cuanto a posibles acuerdos para hacer menos difícil la vida de los cubanos, pone sobre el tapete los derechos ciudadanos, la soberanía y las características del poder político en Cuba, muy poco conocidos en el mundo.

En cualquier país normal, una conferencia nacional de un partido político es eso, una conferencia partidista. En Cuba, empero, es muchísimo más que eso.

El artículo 5 del capítulo I de la Constitución establece que: "El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la Sociedad y el Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista."

Eso significa que el PCC como institución está por encima de los tres poderes públicos que enunciara el barón de Montesquieu en el siglo XVIII como basamento de la democracia moderna. En Cuba, el jefe de Estado y de gobierno --que por mandato constitucional son desempeñados por la misma persona--, e incluso el poder judicial, quedan subordinados a la jerarquía partidista. De manera que quien encabeza el partido es el "número uno" de la nación, aunque el pueblo no haya votado por él.

Así ha sido en todos los países comunistas. En la URSS, a mediados de los años 60 el Secretario General del Partido Comunista era Leonid Brezhnev, el jefe del gobierno (primer ministro) era Alexei Kosiguin, y el jefe de Estado (Presídium del Soviet Supremo) era Anastas Mikoyan. Y estaba claro para todos que el jefe soviético era Brezhnev, pese que a que no tenía cargo estatal alguno. Mao Tse Tung también fue el líder máximo de China durante casi tres décadas y no era jefe de Estado, ni de gobierno, sino el presidente del Partido Comunista Chino.

Esta singularidad leninista-estalinista origina una aberración jurídica en la que muy pocos han reparado, incluso dentro de Cuba: la máxima instancia de poder en la isla es constitucional, pero no legítima, pues no emana de la voluntad popular expresada en las urnas.

La soberanía no se cumple

En toda república moderna y democrática, tal y como expuso Jean-Jacques Rousseau en "El Contrato Social", la soberanía radica en el pueblo, que elige mediante el sufragio universal a los gobernantes que estarán a su servicio, y no al revés como ocurre en el socialismo, donde el pueblo es el que sirve a la nomenklatura todopoderosa y omnipotente del gobierno y el Estado. Rousseau la llamaba "soberanía popular", y "autoridad soberana".

Sin embargo, en la República de Cuba esa soberanía popular no existe, por cuanto la máxima expresión del poder político no surge de la voluntad de las mayorías, sino de la selecta membresía del PCC. O sea, que en la república que se forjó al precio de cientos de miles de muertos en dos guerras de independencia el pueblo no puede ejercer su condición de soberano de la nación. Dicho en breve, el poder político no está legitimado por "las masas".

La cuenta es muy simple. El Partido Comunista cuenta con unos 800,000 miembros , y la población cubana rebasa los 11.2 millones de habitantes. Es decir, la membresía comunista equivale al 7.1% de la población total. Es esa minúscula proporción ciudadana la única que tiene derecho a elegir los delegados que en un congreso o conferencia del PCC eligen al Comité Central. Este a su vez elige al Buró Político, y finalmente ese exclusivo grupo de ciudadanos (menos de 20) es el que elige al Primer Secretario del partido, o sea, el "mandamás" del país.

En otras palabras, que en Cuba de hecho hay ciudadanos de primera y de segunda clase. En la primera categoría ciudadana hay menos de un millón de personas, y en la segunda se ubican 10.4 millones de habitantes, el 93% de la población total de la isla.

Sin derecho al voto real

Al no pertenecer al PCC –al que nadie se puede inscribir voluntariamente, sino que es seleccionado por sus "méritos revolucionarios"--, este segmento poblacional no militante ("plebeyo") tiene sus derechos ciudadanos restringidos, pues no participa en el proceso para elegir a quienes según la Constitución son los principales jerarcas del país.

Por tanto, la capacidad para elegir y ser elegido a los más altos cargos políticos de la nación en Cuba no es un derecho ciudadano fundamental, sino un privilegio de los militantes comunistas. Y luego la propaganda castrista habla de "democracia popular", o "directa" en un sistema político en el que el 93% de la población es excluido del derecho a elegir a sus principales líderes.

Alguien podría argumentar que en Cuba todos los ciudadanos adultos tienen derecho al voto, pues votan por delegados locales al Poder Popular y diputados a la Asamblea Nacional. Pero ello es falsear la realidad por tres razones: 1) No hay opción real para los votantes, pues hay un único partido político, que además aprueba o rechaza cada candidatura y de hecho ya elige de antemano al candidato al aprobarlo antes de la "votación", 2) porque el llamado parlamento cubano no decide nada que no emane de los Castro o la cúpula del PCC, por lo que en realidad el Consejo de Estado y el jefe de Estado y de gobierno son "elegidos" realmente por el dictador y el Buró Político del PCC, y no por los diputados; y 3) la Constitución establece que es el PCC, y no el Consejo de Estado, el Parlamento, o el Consejo de Ministros, el máximo órgano de poder en la nación.

Al esgrimir la realización periódica de comicios en Cuba para elegir diputados se enmascara la enorme responsabilidad histórica que tiene el castrismo al haber copiado el enorme defecto institucional del leninismo y el estalinismo de subordinar por completo los poderes del Estado moderno a la hegemonía política y policial de un único partido político al que pertenecen siete cubanos de cada 100. Es difícil que institucionalmente haya algo más antidemocrático en el mundo actual.

Ello explica por qué con todas las restricciones clasistas, étnicas, sociales y de otro tipo que había en la antigüedad, en la república romana de hace más de 2,000 años, y en las ciudades-Estado de la Grecia clásica, había más ciudadanos con derecho a elegir a sus principales líderes que en la Cuba de los hermanos Castro en los albores del tercer milenio de la cristiandad.