DALLAS.- Las universidades públicas y colegios comunitarios de Texas serán obligados a presionar a los estudiantes indocumentados cada año sobre el cumplimiento de la declaración jurada en la que se comprometieron a legalizar su estatus migratorio, según cambios hechos por la Junta de Coordinación de la Educación Superior en Texas (THECB, por sus siglas en inglés).
El consejo administrativo de la dependencia aprobó por unanimidad dos nuevas reglas en la aplicación de la ley estatal que permite el acceso de jóvenes indocumentados a las universidades con colegiatura de residente local, conocida como el 'Texas Dream Act'.
El agregado de las dos nuevas disposiciones se derivó de la atención que provocó la ley estatal en el ámbito nacional durante los debates de los aspirantes presidenciales republicanos. En ellos, el gobernador de Texas, Rick Perry, defendió la legislación que él firmó hace 10 años y por la que recibió ataques de sus rivales políticos.
"Las preguntas y asuntos que surgieron en el debate son consistentes con las que se plantearon desde que se aprobó la ley en 2001, la diferencia ahora fue la intensidad incisiva de la atención nacional", dijo la directora de relaciones externas del THECB, Dominic Chávez.
"A nuestro liderazgo le quedó claro que habíamos alcanzado a una masa crítica en términos del diálogo sobre la retención de documentos y su seguimiento por parte de los estudiantes", agregó, refiriéndose a los beneficiados con el "Texas Dream Act".
En Texas, las universidades y colegios reportaron que 16,476 estudiantes durante el 2010 entregaron su declaración jurada y firmada para regularizar su situación migratoria, lo que representa alrededor del 1% del total de la población estudiantil inscrita en instituciones de educación superior en el estado, según datos oficiales del THECB.
Uno de los cambios propuestos por el consejo de la Junta obligará a las instituciones educativas a que retengan las declaraciones juradas que firman los estudiantes indocumentados para buscar su legalización migratoria, cuando ingresan a la universidad.
La otra disposición impondrá a las universidades el deber de orientar a los alumnos cada año, desde que su inscripción hasta después de su graduación, sobre su compromiso de buscar un estatus de residencia permanente, como la ley estatal lo señala, y los referirá a una oficina federal para que les brinden asesoría sobre el proceso.
Chávez precisó que las razones para tales cambios surgieron por el efecto acumulativo de preguntas sobre quién le da seguimiento a la documentación y al cumplimiento de los estudiantes de la declaración jurada que firmaron como requisito al aplicar a una universidad pública.
"Han sido preguntas que han surgido constantemente desde que se aprobó la ley, entonces el consejo de la Junta examinó si tiene autoridad para hacer estos cambios y se consideró que se debe crear un estándar uniforme en las instituciones sobre estos dos asuntos", aseguró la funcionaria de THECB.
Aclaró también que las nuevas normas no obligarán a las universidades y colegios a reportar a los estudiantes sobre la situación de su documentación o el cumplimiento de su declaración jurada a ninguna agencia del gobierno federal.
"La disposición simplemente requerirá que se asesore a los alumnos de sus obligaciones de acuerdo al estatuto estatal mientras están inscritos en una universidad. Para cumplirlo, deberán sólo advertir a los estudiantes que monitoreen la legislación federal y recomendarles una agencia federal apropiada para darles instrucciones de cómo aplicar para un estatus de residencia permanente, si existe o cuando exista una vía para ello", indicó Chávez.
"No tienen sentido y son inútiles", opinó Greisa Martínez, la coordinadora de la "Texas Dream Alliance" que agrupa a universitarios indocumentados de todo el estado, sobre los cambios propuestos al "Texas Dream Act".
"Sabemos de ese documento que firmamos y del estatus de cada estudiante, no hay necesidad de que nos estén recordando cada semestre o cada año que tenemos que cumplir esa declaración jurada", dijo la estudiante de economía y graduada de Ciencias Políticas.
Martínez consideró que las nuevas reglas impondrán gastos adicionales a las universidades porque tendrán que emplear a personal que organice toda esa documentación.
Además, se pone en peligro la privacidad de las condiciones migratorias particulares de cada estudiante, sobre todo en aquellas instituciones universitarias que carecen de experiencia y conocimiento sobre la ley de migración, aseguró.
"Estas medidas parecen un intento de ponerle un poco de control a la ley del Texas Dream Act, justo en un año de elecciones en que necesitan verse bien ante su partido político y los grupos conservadores", señaló.
Afirmó que a raíz del informe del presidente Obama, en que se pronunció a favor de la ciudadanía para los estudiantes indocumentados, pero sin nombrar al Dream Act, "no sabemos si dio una señal de que harán otra versión de la ley o sólo es más palabrerío político sin resultados".
La activista por el Dream Act señaló que las nuevas reglas agregadas a la ley estatal harán que la inscripción de los estudiantes indocumentados se atrase y tarde demasiado tiempo, además que les harán perder la oportunidad de registrar las clases que necesitan. "Ahora tendremos que tramitar otro paso más que el resto de los estudiantes", comentó.
Para Martínez, la aprobación del Dream Act nacional "es más que firmar una ley en un papel, es un asunto moral pendiente, que ha estado detenido hace más de 10 años".
Pero hay que observar las reglas: