Busca Santos legitimidad con apoyo a marchas campesinas

Por Martha Trujillo. Corresponsal

Bogotá.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pretende legitimar su política de recuperación de tierras hurtadas por grupos armados con su apoyo a las marchas de las víctimas del desplazamiento forzado, afirmaron hoy analistas.

Los expertos en resolución de conflictos armados, Marco Romero y Luis Eduardo Salcedo, opinaron que con su respaldo a las movilizaciones campesinas, Santos busca un rechazo masivo de la población a los grupos irregulares que se oponen a la ley.

"Lo que intenta el presidente con el apoyo a las marchas (de campesinos que fueron despojados de sus tierras) es enfrentar el desafío de los grupos ilegales", dijo Romero en diálogo con Notimex.

Santos alertó semanas antes sobre presiones de fuerzas de la extrema derecha y de izquierda para impedir que las víctimas del despojo de predios hagan la reclamación de sus tierras.

Según organizaciones no gubernamentales, en varias regiones colombianas, entre ellas la zona norteña de Urabá, paramilitares de ultraderecha y rebeldes han amenazado a campesinos que lideran el proceso de restitución de tierras.

Salcedo apoyó la tesis según la cual Santos pretende con el apoyo a las movilizaciones de las víctimas del conflicto armado interno, "legitimar un proyecto que considera clave para su administración".

El gobierno percibe como un "deber moral" de Colombia la reparación de miles de personas afectadas por las masacres y desplazamientos forzados, en el marco de la confrontación militar interna.

En recientes declaraciones, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que las marchas buscan que "esas voces mayoritarias tengan espacio para decir que los colombianos respaldan el proceso".

Explicó que el propósito de las movilizaciones es "decir a los violentos y a las minorías que se oponen a este proceso que el deseo de Colombia es dar cabal cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras".

La iniciativa, que fue aprobada el año pasado por el Congreso y que fue calificada como "histórica", busca reparar a cuatro millones de afectados por masacres y desplazamientos en Colombia.