
WASHINGTON.- Funcionarios estatales lograron el jueves un histórico acuerdo de 25.000 millones de dólares con los mayores prestamistas de hipotecas de Estados Unidos, en relación con los abusos de ejecución hipotecaria que sucedieron tras el desplome de la burbuja inmobiliaria.
El convenio requiere que cinco bancos de los más grandes del país reduzcan los préstamos de cerca de un millón de hogares que se encuentran al borde de una ejecución hipotecaria. Los prestamistas también enviarán cheques por 2.000 dólares aproximadamente a 750.000 estadounidenses que cayeron de manera indebida en incautación. Los bancos tendrán tres días para cumplir con las condiciones del acuerdo.
Es el mayor convenio que involucre a una sola industria desde el logrado en 1998 entre varios estados y la industria tabacalera.
Funcionarios federales y estatales anunciaron en una conferencia de prensa que 49 estados se unieron al acuerdo. Oklahoma anunció un acuerdo por separado con cinco bancos.
El convenio pone fin a un doloroso capítulo que surgió de la crisis financiera, cuando el valor de los hogares se desplomó y millones se acercaron a una ejecución de hipoteca. Muchas compañías efectuaron ejecuciones sin verificar documentos. Algunos empleados firmaron documentos sin haberlos leído o usaron firmas falsas para acelerar los procesos -una acción conocida como robo de firmas.
Bajo el acuerdo, los estados se comprometieron a no presentar cargos civiles relacionados con este tipo de abusos. Los propietarios de viviendas aún pueden demandar a los prestamistas en cortes civiles por su propia cuenta y las autoridades federales y estatales pueden presentar cargos penales.
"Hubo muchas pequeñas cosas que se hicieron mal", dijo Shaun Donovan, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. "Esto no resuelve nada. Seremos agresivos al buscar demandas ante otra instancia".
La reducción de préstamos ayudará principalmente a propietarios de viviendas que estén al corriente en sus pagos pero se encuentren "bajo el agua", es decir, que deban más de lo que valen sus casas.
Pero defensores del consumidor y activistas inmobiliarios aseguraron que el acuerdo presenta una falla porque solamente cubre a una parte de propietarios bajo riesgo. Los críticos señalan que el convenio sólo se aplica hipotecas privadas tramitadas de 2008 a 2011.











Pero hay que observar las reglas: