Sigue rebeldía de habitantes de región extrema chilena

SANTIAGO DE CHILE.- Los residentes de la austral región de Aysén continuaron sus protestas contra, mientras la autoridad acusó a sus dirigentes de usar políticamente las deficiencias con miras a las elecciones municipales de octubre.

Habitantes de Puerto Aysén, 1.680 kilómetros al sur de Santiago, frustrados por el fracaso de la reunión del jueves entre el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y una veintena de dirigentes locales, continuaron en la madrugada del viernes con el corte de algunos caminos, enfrentamientos con la policía e incluso cadenazos al tendido eléctrico que provocaron un apagón.

"Las movilizaciones continúan dado que no se ha avanzado nada...y se suma más gente frustrada a este movimiento", aseguró la alcaldesa opositora de Puerto Aysén, Marisol Martínez. Agregó que le dieron plazo hasta el lunes al gobierno para que envíe a la zona al menos a los ministros de Economía y Energía.

Tanto Ubilla como los dirigentes afirman favorecer el diálogo, para buscar soluciones a problemas que se arrastran por décadas, aunque el viernes cruzaban acusaciones de una supuesta falta de poder de decisión de la autoridad, y de una presunta utilización política partidaria de las carencias por parte de algunos representantes sociales.

Los ayseninos exigen una rebaja en los precios de los combustibles, un sueldo mínimo que considere los altos precios de todos los productos de la zona, una pensión regionalizada, estabilidad laboral para los empleados públicos, mejoras en la salud y la educación, una universidad y un hospital regional, y cuotas de mar para repoblar el fondo marino.

El subsecretario dijo que nunca prometió soluciones sino recabar información para el ejecutivo, que debe decidir si envía o no ministros a la zona.

Iván Fuentes, dirigente de los pescadores artesanales de Puerto Aysén, explicó a la Associated Press, que desde el viernes al lunes seguirán algunos cortes de rutas, pero que las actividades se centrarán en caminatas y actos culturales para esperar el inicio de la próxima semana.

"No quiero pensar en una respuesta negativa (sobre la visita de los ministros) porque creo que el subsecretario (Ubilla) se fue (a Santiago) con toda la intención del mundo de resolver los problemas".

Declaró que los problemas de Aysén le iban a estallar, tarde o temprano, a cualquier gobierno.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, afirmó en declaraciones al vespertino La Segunda que "enfrentamos una situación bastante injustificada", y no descartó la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que tipifica delitos y sanciona severamente a quienes alteren el orden público y alteren la normalidad de las actividades nacionales, como sucede con el corte de caminos.

"La Ley de Seguridad Interior es una ley vigente, y cuando se producen los hechos que dicha ley estipula, el gobierno tiene la responsabilidad de invocarla. Espero que no se llegue a esa situación, pero tengo clara nuestra responsabilidad", afirmó.

Empero, el senador oficialista por Aysén, Antonio Horvath, que apoya las demandas ciudadanas, dijo en la víspera a radio Cooperativa que él mismo entregó al ministro de Economía, Pablo Longueira, el petitorio de la ciudadanía.

Ubilla declaró a la televisión estatal que "yo veo la intencionalidad de algunos de mejorar posiciones para las próximas elecciones municipales".

Patricio Walker, senador opositor por Aysén, denunció que, "ha habido algunos infiltrados, personas bastante jóvenes que no son conocidas acá en Aysén".

La región, una de las 15 en que se divide administrativamente Chile, abarca 108.000 hectáreas y sus habitantes bordean las 105.000 personas, que viven principalmente de la ganadería, pesca artesanal, algo de minería y agricultura, está última frenada por las gélidas condiciones climáticas y malos suelos, y del creciente turismo.

Las protestas, iniciadas por los pescadores artesanales, abarcan varias ciudades y amenazan con extenderse a la aledaña región de Magallanes, que hace un año puso en apuros al gobierno de Sebastián Piñera al paralizar Punta Arenas, 3.200 kilómetros al sur de Santiago, lo que finalmente terminó con la remoción de un ministro y la anulación en el alza de precios del gas natural.